Resumen: No ha lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución de la Secretaría General del Congreso de los Diputados dictada en respuesta a la previa solicitud de información pública formulada al amparo de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La información solicitada se refería a la elección del Defensor del Pueblo, de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional y de los seis Consejeros del Tribunal de Cuentas, que corresponden al Congreso de los Diputados. El recurrente solicitaba una numerosa documentación relativa al voto telemático, los manuales, los códigos, los dictámenes e informes técnicos, y las certificaciones que hubiera al respecto, y es sobre el procedimiento de votación sobre lo que vuelca todas sus energías en el escrito de demanda. De modo que la actividad sobre la que solicitó información no era una materia sobre personal, administración y gestión patrimonial, pero tampoco se refería a una actividad materialmente administrativa, pues el ejercicio del derecho de voto por los diputados, la formalización y realización del voto en cualquiera de sus fórmulas, y el procedimiento seguido, evidencia que se trata de actuaciones netamente parlamentarias que no pueden ser consideradas actividades materialmente administrativas, y la propia resolución impugnada pone a su disposición, y facilita al solicitante determinada información pública.
Resumen: La norma general aplicable a todos los contratos (a salvo de pacto en contrario) dispone que, ya haya o no acuerdo entre las partes, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario. Por ello, aunque no hubiera habido mutuo acuerdo, el organismo sanitario contratante tenía la prerrogativa de prorrogarlo con carácter forzoso, lo que suponía que la contratista tuviera que aceptar tal prórroga y continuar ejecutando el contrato a su riesgo y ventura. En suma, el régimen aplicable lleva a la conclusión de que no tenía la contratista el derecho subjetivo de negarse a continuar ejecutando el contrato (en este caso porque le resultara gravoso), ni tampoco a percibir otros ingresos que los pactados
Resumen: Recurre el trabajador sancionado la (declarada) procedencia de su despido (por transgresión de la buena fe contractual) bajo un primer motivo de nulidad (de actuaciones) fundamentado en la advertida circunstancia procesal de haberse admitido una prueba de grabación de audio de conversación telefónica entre la demandante y una compañera; y cuya ilicitud la Sala rechaza al no afectar al derecho a la intimidad las grabaciones efectuadas por el interlocutor de las mismas. Rechazo que se hace extensivo a la admisión de una prueba testifical practicada en la persona del Director General de la empresa. En su análisis de la calificación en derecho de la conducta imputada advierte el Tribunal que las manifestaciones vertidas por el recurrente en contra de su empleador exceden de los límites lógicos de la libertad de expresión pues, además de carecer de una mínima base probatoria, no se dirigieron hacia los organismos representativos que hubieran podido encauzarlas adecuadamente, sino que las difundió de forma perniciosa para la misma, y ante una empleada que conocía estaba siendo investigada por acoso (con ánimo de inferir un daño moral a superiores o a compañeros de trabajo; como lo son sus comentarios sobre la manipulación de pruebas, expedientes disciplinarios y peritos en temas graves como relativos a denuncias de acoso y lo relativo a medidas preventivas ante la COVID-19).
